Cuando se habla del consumo de cigarrillos, inmediatamente se piensa en sus efectos nocivos para la salud. La Organización Mundial de la Salud señala que el tabaquismo causa una cuarta parte de las muertes por cáncer a nivel mundial e incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Los altos costos que enfrentan los sistemas de salud han justificado los impuestos al tabaco en todo el mundo. Sin embargo, el cigarrillo también provoca un daño ambiental considerable a lo largo de todo su ciclo de vida. Durante el cultivo, contribuye a la deforestación, requiere fertilizantes y pesticidas intensivos, y genera elevadas emisiones de carbono. También demanda grandes cantidades de agua y un manejo adecuado de residuos agrícolas para evitar la degradación del suelo. Uno de los mayores problemas ambientales son las colillas. Según la OMS, una sola colilla tarda aproximadamente una década en degradarse y representa entre el 30% y 40% de los residuos recogidos en la limpieza urbana y costera. Estos residuos no son biodegradables; la mayoría contiene filtros de acetato de celulosa, un tipo de plástico que se fragmenta lentamente y libera sustancias tóxicas en ríos, mares y manglares. Además, su desecho inadecuado provoca incendios forestales, ya que el 65% de los fumadores las descarta de manera inapropiada. Para enfrentar estos impactos, varios gobiernos han implementado el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que obliga a los fabricantes a asumir parte de los costos de los residuos que generan. En Francia, desde 2021 opera Alcome, un eco-organismo que recauda contribuciones ecológicas de aproximadamente 2.84 euros por cada 1,000 cigarrillos, con un descuento del 50% para filtros sin plástico. El esquema también exige que la industria proporcione ceniceros públicos y financie campañas de concientización, transfiriendo recursos directamente a los municipios para limpiar vías, parques y playas. Se calcula una recaudación anual de unos 80 millones de euros. Alemania, en cambio, implementó desde 2024 una Ley del Fondo para Plásticos de Un Solo Uso que grava el filtro cuando contiene plástico, con una cuota de 8.97 euros por kilogramo. Estos modelos demuestran que existen mecanismos institucionales y fiscales para responsabilizar a los fabricantes de cigarrillos por sus residuos. En México, una política integral de este tipo no debería limitarse a aumentar la recaudación para compensar a los municipios por la recolección de desechos, sino también financiar campañas de concientización e incentivar a la industria a reemplazar los filtros de plástico por materiales biodegradables. Es momento de incorporar el principio de Responsabilidad Extendida del Productor en la agenda legislativa mexicana y abrir el debate sobre esta posibilidad fiscal.

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